Playa del Carmen, Quintana Roo.— El gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, participa, a través de la Unidad de Estadística Poblacional, en el fortalecimiento de la estrategia nacional impulsada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), enfocada en la erradicación del embarazo infantil y la prevención de la violencia sexual contra niñas.

En el contexto de esta iniciativa, se respalda la campaña nacional “¡Yo exijo respeto!”, la cual tiene como objetivo prioritario visibilizar y prevenir la violencia sexual en menores de 15 años, reconociendo estas conductas como graves violaciones a los derechos humanos que afectan el desarrollo integral de la niñez.

La titular de la Unidad de Estadística Población, Cinthya Rodríguez Mancilla subrayó que, a través de esta participación, el gobierno municipal refrenda su compromiso con la protección de las infancias, promoviendo acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad para fortalecer el respeto a la autonomía corporal de niñas y adolescentes, así como la importancia de identificar y denunciar cualquier tipo de abuso.

Además, dijo que, como parte de los objetivos estratégicos, se impulsa la concientización social sobre la necesidad de romper el silencio ante posibles casos de violencia, exhortando a madres, padres, cuidadores y personal educativo a escuchar y actuar de manera oportuna.

Asimismo, se fomenta la cultura de la denuncia, canalizando los casos a las instancias correspondientes para garantizar justicia y la reparación del daño.

Finalmente, destacó que estas acciones se complementan con la estrategia “¡Yo decido!”, dirigida a adolescentes de 15 a 19 años, con el propósito de contribuir al cumplimiento de la meta nacional establecida para el año 2030: reducir a la mitad la tasa de fecundidad en adolescentes y erradicar el embarazo en niñas de 14 años o menos.

El gobierno de Playa del Carmen reitera que ninguna niña debe ser obligada a la maternidad, por lo que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades federales para garantizar la protección de sus derechos, su integridad y su futuro.

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